Notas desde un despacho municipal
Todas las semanas tomamos decisiones, sobre el papel, sencillas: aplicar normas. En la práctica, no lo es tanto. Al otro lado de la mesa hay personas que no discuten la norma, discuten el derecho del ayuntamiento a aplicársela. Y ahí, en ese instante incómodo, aparece la pregunta que llevo meses masticando: ¿se puede ejercer autoridad sin que esa autoridad se convierta, tarde o temprano, en dominación?
Es una pregunta que parece de manual de filosofía política, pero que en realidad surge todos los días en despachos de distritos, ayuntamientos, y en miles de espacios donde alguien tiene que decidir por otros: aulas, hospitales, comunidades de vecinos, gobiernos. La política municipal tiene esto de particular: no permite el lujo de la abstracción. La autoridad no es un concepto, es una firma, una ordenanza, una cara frente a otra cara.
El problema no es tener autoridad, es no saber defenderla
Julian Brigstocke, en su reciente ensayo sobre autoridad no-autoritaria, plantea algo que a primera vista suena a contradicción y que, pensándolo bien, no lo es: la autoridad y el autoritarismo no son el mismo fenómeno con distinta intensidad. Son cosas distintas. El autoritarismo impone obediencia silenciando la pregunta por su propia legitimidad. La autoridad, cuando funciona bien, sostiene esa pregunta abierta — se explica, se justifica, admite ser cuestionada sin dejar por ello de decidir.
El error de buena parte del pensamiento progresista de las últimas décadas ha sido tratar toda autoridad como sospechosa por definición, como si el único gesto emancipador posible fuera el de erosionarla. Y el resultado, lo vemos cada día, no ha sido más libertad: ha sido un vacío que otros —casi siempre menos escrupulosos con la legitimidad— han estado encantados de ocupar.
La autoridad democrática es la única que se legitima ofreciendo su propia provisionalidad. No se apoya en costumbres, tampoco en el carisma de una persona, se apoya en el hecho mismo de su temporalidad.
La mirada local
Desde un ayuntamiento, esta tensión no es teórica. Cuando la autoridad institucional pierde legitimidad, no desaparece: muta. Se traslada a quien grita más fuerte, a quien promete simplicidad donde solo hay complejidad, a quien ofrece certezas donde la gestión real solo puede ofrecer decisiones razonadas y revisables. El populismo no llena un vacío de autoridad; llena un vacío de autoridad explicada.
La izquierda municipal tiene, en esto, una responsabilidad y también una oportunidad. Responsabilidad, porque gobernar exige tomar decisiones que no siempre gustan, y renunciar a decidir por miedo a parecer autoritario es, paradójicamente, otra forma de abandono. Oportunidad, porque lo local es precisamente el espacio donde la autoridad puede reconstruirse de forma más honesta: es donde la distancia entre quien decide y quien vive la decisión es más corta, donde es más difícil esconderse detrás de la abstracción.
En lo local se construye la democracia, la aceptación compartida de las reglas del desacuerdo, la aceptación del otro.
La legitimidad se construye desde la práctica
Si algo he aprendido gestionando decisiones reales —en plantas industriales, en un gobierno local— es que la legitimidad no se declara, se construye con hechos pequeños y repetidos: explicar por qué, no solo qué; admitir el error cuando lo hay; tratar la discrepancia como parte del proceso y no como una amenaza a gestionar. Ninguna de estas cosas es espectacular. Todas, sumadas, son lo que distingue a una autoridad que gobierna, de una que simplemente manda.
La izquierda hoy no necesita elegir entre autoridad y horizontalidad como si fueran polos opuestos. Necesita una autoridad que sepa nombrarse a sí misma, que no tema justificar su propio ejercicio, y que entienda que la legitimidad democrática no se consigue cada cuatro años en las urnas, se renueva cada día que se decide bien.
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